La asignatura pendiente del sistema educativo es la detección e intervención de altas capacidades. Es una gran pérdida (social, económica, emocional y psicológica) no contar con los recursos suficientes para encontrar y saber motivar a este tipo de alumnado, que, sin lugar a dudas, tienen también necesidades educativas especiales. Al no dotar de herramientas útiles a estos niños y niñas nos podemos encontrar con fracaso escolar, problemas emocionales, desmotivación, etc...
Según el Ministerio de Educación menos de un 1% están diagnosticados como tal, por lo que además de desaprovechar una cantidad de talento considerable (que evidentemente repercute en la calidad del recurso más valioso que tenemos: el recurso humano) estamos privando a este alumnado de desarrollar su potencial, con todas las consecuencias que esto acarrea, tal y como promueve la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, establece en su artículo 43 que los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por parte de las Administraciones Educativas, disponiendo a su vez que con el fin de dar una respuesta educativa a estos alumnos, las Administraciones Educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades. Este principio conlleva la necesidad de que la Administración Educativa reconozca y acepte las diferencias del alumnado y, en función de su diversidad, planifique la respuesta educativa en el contexto de una enseñanza comprensiva y permeable a las necesidades, posibilidades y capacidades de cada uno. Para los alumnos superdotados intelectualmente no resulta fácil organizar una respuesta educativa adaptada. Por ello, en virtud del derecho a la educación, los poderes públicos, y de forma especial la Administración Educativa, deben promover las actuaciones necesarias para garantizar su atención en condiciones de igualdad y no discriminación.
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